Admitida a trámite la Proposición de Ley para retornar al sistema original de bonificaciones
El Congreso de los Diputados aprobaba este martes la toma en consideración de la Proposición de Ley del Partido Popular por la que se pretende retornar al sistema original de bonificaciones a la Seguridad Social, para todos los contratos y sin límite temporal, en Melilla y Ceuta.
El Congreso de los Diputados acogía este martes el debate sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley mediante la que el Partido Popular pretendía el retorno al sistema de bonificaciones a la Seguridad Social vigente en Melilla y Ceuta desde el año 2004 y derogado mediante el Real Decreto 1/2023. Una Proposición de Ley cuya toma en consideración finalmente ha sido aprobada con 144 votos a favor, los del grupo proponente, VOX, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, 131 en abstención, los de PSOE, PNV y Junts y 44 votos en contra, los de Sumar, Podemos, ERC, BNG y Bildu.
Un debate que inicaba el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, quien fuera precisamente diputado por Ceuta, y que justificaba la necesidad del retorno al anterior sistema de bonificaciones en las especificidades de ambas ciudades autónomas, desde su reducido tamaño, a su condición de frontera de Europa en África, pasando por la extrapeninsularidad o la necesidad de la reinvención de su economía en no pocas ocasiones a lo largo del último siglo. Una reinvención que ya en estos últimos años ha llegado de la mano del desarrollo tecnológico y del juego online y a la que ha servido mantener un Régimen Económico y Fiscal Especial, mediante el que “todo el mundo a contribuido a que estas ciudades sigan estando donde están”, desde las mejoras fiscales de Montoro a los dos Planes Integrales para el desarrollo socioeconómico de Melilla y Ceuta, ya de la mano del Gobierno del PSOE.
Precisamente en ese marco de acuerdo y de contribución al mantenimiento de ambas ciudades centraba el diputado Popular su discurso, recordando el proceso por el que en 2004 se aprobaron esas bonificaciones al 50 por ciento en las cuotas a la Seguridad Social, con un horizonte temporal vinculado a la reducción de las tasas de desempleo y su equiparación a las del resto del país, algo que aún no se ha cumplido, quedando derogadas, sin embargo, mediante el Real Decreto 1/2023, que sustituía el porcentaje por una cuantía fija. A partir de ahí, recordaba Bravo, los intentos de solución del problema tampoco han terminado de serlo, primero a través de una subvención que suponía más trabas burocráticas y el adelanto del dinero por parte de los empresarios, a continuación con un retorno al 50 por ciento solo para los contratos indefinidos y con un horizonte temporal a punto de terminar, el de vigencia de los dos Planes Integrales, previstos hasta 2026.
En definitiva, unas soluciones que no han terminado de resolver el problema generado en 2023, no entendiendo los Populares el motivo por el que se decidió derogar el anterior sistema y al que ahora pretenden retornar para compensar las dificultades derivadas de la naturaleza de las dos ciudades, mejorar la competitividad de la actividad económica, contribuir a la creación y el mantenimiento del empleo y convertir esas bonificaciones no solo en un incentivo, sino en una inversión.
“No un instrumento de confrontación, sino de avance” que pasa por “volver a ese sistema que ha sido pacífico durante muchísimos años” y que pasa por restablecer las bonificaciones al 50 por ciento que “no son un privilegio, sino una necesidad” para dos ciudades que enfrentan desafíos únicos y para las que esta retorno supone que puedan tener un futuro.
A partir de ahí llegaba el turno de posicionamiento de los diferentes grupos, comenzando por el PNV, quien anunciaba que no se opondría a su toma en consideración pero que recordaba que las instituciones europeas han señalado que este tipo de incentivos deben focalizarse en los contratos indefinidos y, especialmente, para los colectivos que mayores dificultades encuentran en el acceso al mercado laboral. ERC, por su parte, se mostraba en contra con un argumento sorprendente, señalando que “supondría la desprotección de la clase trabajadora” por tratarse esas cuotas de las que contribuyen objetivos finalistas y prestaciones como las de maternidad o incapacidad. Misma postura de Sumar quien acusaba al PP de defender la propuesta de forma extemporánea, cuando las bonificaciones al 50 por ciento se recuperaban en noviembre de 2024, vinculándolas a la contratación indefinida y los Planes de Desarrollo Socioeconómico. Vox por su parte lamentaba el proceder del PP al presentar la propuesta primero en el Senado, donde se tramitó pasando a la Comisión de Trabajo del Congreso, y ahora a través de una proposición de ley, aunque se ha mostrado partidario de que “se revierta la situación” y de un “trato especial” para Ceuta y Melilla, aunque sin explicar cuál.
El último en intervenir era el PSOE, lo hacía por boca del diputado Mayoral del Amo, quien mostraba su sorpresa por una propuesta que, bajo su punto de vista, tenía mucho de “intentar exculpar los pecados que el PP ha cometido con Ceuta y Melilla” y para los que se remontaba a la reforma laboral de 2012, a la eliminación en 2013 de las bonificaciones al 50 por ciento para nuevos autónomos y PYMES o al recorte en 2018 en las bonificaciones a sectores estratégicos en ambas ciudades. Frente a eso, el diputado socialista presumía de su Gobierno, de la inversión que realiza en ambas ciudades, “la mayor de la historia” insistía en varias ocasiones, y que recoge proyectos como el Hospital Universitario de Melilla, por valor de 120 millones, la Ciudad de la FP en Ceuta, por valor de 80 millones, o el 75 por ciento de bonificación al transporte para mejorar la movilidad.
Un discurso en el que, fuera del objeto de debate, al que apenas se refería, insistía en que “cuando el PP está en el Gobierno, no hay inversión y hay recortes, y cuando hay un Gobierno de progreso, hay inversión y hay soluciones para Ceuta y Melilla”. Así, el diputado del PSOE reclamaba al PP que “dejen de hacer oposición con titulares vacíos, que no beneficia a la ciudadanía de Ceuta y Melilla”, especialmente, insistía en el argumento de Sumar, cuando las soluciones ya están planteadas.
Así las cosas, la Proposición de Ley tendrá un plazo de enmiendas en Comisión para retornar luego al Pleno del Congreso ya para su debate