CCOO y UGT insisten en presionar para forzar el acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras y salvar MUFACE
Los sindicatos CCOO y UGT instan al Gobierno y a las aseguradoras a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio, que garantice la estabilidad en los servicios de asistencia y calidad sanitaria de las y los empleados públicos, evitando recortes que puedan afectar la atención de las personas mutualistas que actualmente están en MUFACE.
Las dudas respecto de la licitación se mantendrán por varios días más, después de que el Gobierno decidiera postergar el plazo de cierre hasta el 27 de enero. Pero la incertidumbre no acaba allí, pues habrá que ver cómo finaliza el proceso y cuáles serán las medidas que se implementarán para asegurar la continuidad del servicio y garantizar la cobertura y la calidad.
En Melilla son miles los trabajadores del sector público que reciben la asistencia médica a través de MUFACE. Sin ir más lejos, una estadística del propio Gobierno cifró en 2021 el número de expedientes tramitados por prestaciones en la ciudad en 1.048 y una actividad total de más de más de 7.700 tramitaciones.
Hasta hoy, y pese a los intentos del Ministerio de Función Pública por calmar a las personas mutualistas, no hay nada claro respecto a su futuro, han recordado desde los sindicatos. Ahora, las aseguradoras, en su ambición insaciable de rédito económico, siguen presionando para que el Gobierno aumente la financiación. Por su parte, el Gobierno tampoco ha aclarado qué pasará si la segunda licitación quedara desierta y cuáles serían los escenarios posibles en caso de llegar a esa situación.
Sea como sea, CCOO y UGT reiteran sus reivindicaciones en cuanto a que es prioritario que el Gobierno ofrezca certezas y garantías a quienes actualmente están en la entidad mutualista, que se presenten las medidas que hagan falta para evitar el colapso de la sanidad pública en caso de que la licitación no llegue a buen puerto y, por supuesto, que se les incluya en el proceso para velar por la seguridad de la atención sanitaria de las personas mutualistas.
Finalmente, los sindicatos consideran que será imprescindible abrir un espacio de reflexión para garantizar a futuro la asistencia sanitaria de funcionarias y funcionarios públicos, evitando la incertidumbre cada dos o tres años.