El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a la Secretaría de Estado de Migraciones a ofrecer acogida inmediata a los 11 solicitantes de asilo que, desde hace dos semanas, permanecen acampados junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, tras serles denegado el acceso al recinto.
En un escrito dirigido a la Secretaría de Estado, Gabilondo subraya que los migrantes deben ser acogidos en el sistema de protección internacional y se les debe asignar “un recurso adecuado a sus necesidades”. La recomendación surge a raíz de una queja presentada por la ONG Mec de la Rue (MdLR), que ha alertado sobre la vulnerabilidad de este grupo, compuesto por seis ciudadanos de Malí y cinco de Latinoamérica (Venezuela, Colombia y Perú), entre ellos cuatro mujeres.
Condiciones extremas en el campamento improvisado
Los solicitantes de asilo se encuentran en un asentamiento improvisado con tiendas de campaña proporcionadas por MdLR. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas han empeorado su situación. El pasado 6 de marzo, una tormenta anegó el campamento, lo que obligó a la Ciudad Autónoma a realojarlos en un hotel por una noche. No obstante, al día siguiente, fueron devueltos a sus tiendas, donde temen ser desalojados por un posible desmontaje forzoso del campamento.
El frío y la lluvia persistente en Melilla han agravado el estado de salud de algunos migrantes. La organización Médicos del Mundo, que está realizando un seguimiento del grupo, ha advertido de que algunos presentan síntomas de enfermedad.
Críticas a la gestión gubernamental
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha calificado de “decisión inhumana” la negativa del Gobierno central a admitir a los migrantes en el CETI. En la misma línea, el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda, ha recordado que los solicitantes de asilo tienen derecho a ser acogidos y no pueden estar viviendo en la calle.
La situación de los migrantes sigue sin resolverse, mientras organizaciones humanitarias y juristas insisten en que el Gobierno debe cumplir con sus obligaciones en materia de protección internacional.
