La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas implicadas en la creación y presentación de contratos de arrendamiento falsos ante organismos oficiales. Entre los arrestados se encuentra una asesora con un historial de ocho detenciones previas por falsedad documental y otros delitos relacionados con la tramitación irregular de documentos, principalmente para ciudadanos de nacionalidad marroquí, motivados por el lucro económico.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, la investigación fue liderada por la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía. Las pesquisas comenzaron tras detectarse dos contratos de arrendamiento presentados en la Oficina del Padrón y Gestión de Población de Melilla, correspondientes a viviendas situadas en la misma planta de un edificio. Uno de los documentos también fue utilizado en septiembre de 2024 como parte de una solicitud de autorización de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales Inicial.
Una inspección realizada en los domicilios reveló que ambas viviendas estaban ocupadas por familias que llevaban años residiendo allí, completamente desvinculadas de los supuestos inquilinos indicados en los contratos falsos. En uno de los casos, el titular del contrato ficticio era un ciudadano marroquí con permiso de residencia de larga duración.
El objetivo de esta red era acreditar ante la Oficina de Empadronamiento y otros organismos oficiales que los supuestos inquilinos residían en viviendas que cumplían con los requisitos de superficie y habitabilidad. Esto les permitía acceder a ayudas sociales, subvenciones, o cumplir con exigencias normativas relacionadas con extranjería.
Durante la investigación, se constató que la solicitud presentada en la Oficina de Extranjería estaba firmada por la asesora detenida, quien actuaba como representante de una ciudadana extranjera solicitante de arraigo familiar. Esta última era pareja de un ciudadano español en cuyo nombre se había formalizado uno de los contratos fraudulentos. Además, se descubrió que las viviendas involucradas pertenecían a la pareja sentimental de la asesora, quien ya contaba con antecedentes por delitos similares.
Finalmente, los agentes de la UCRIF detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Dos de ellos están acusados de falsedad documental, mientras que a los otros dos se les imputan también delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
