La investigación judicial afecta a subvenciones educativas entre 2016 y 2021, involucrando a exconsejeros y directores escolares. El caso revela posibles irregularidades en la gestión de fondos públicos. Según informa RTVE, un juzgado de Melilla ha identificado indicios de prevaricación, fraude en subvenciones, cohecho y malversación en el programa de reposición de libros escolares de la Ciudad Autónoma. La investigación, iniciada en 2022 tras la denuncia de un funcionario del Ministerio de Educación, abarca subvenciones otorgadas entre 2016 y 2021 y señala irregularidades en la contratación y supervisión de las mismas.
La instrucción judicial analiza las prácticas de contratación en los centros educativos, que recibían subvenciones de la Consejería de Educación para adquirir libros de texto. Los directores escolares, responsables de gestionar los fondos, debían solicitar presupuestos a tres librerías y elegir la oferta más económica. Sin embargo, el sumario señala que en numerosas ocasiones se solicitaron ofertas a dos librerías pertenecientes a la misma empresa, lo que colocaba al tercer proveedor en desventaja. En todos esos casos, la oferta seleccionada pertenecía siempre a una de las librerías de dicha empresa.
El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla sospecha que parte del dinero destinado a libros pudo ser desviado para la adquisición de otros materiales escolares no incluidos en el programa. Según la investigación, las librerías ganadoras del concurso compensaban a los centros educativos con "vales" de material escolar, una práctica no registrada en los presupuestos oficiales.
Entre los investigados se encuentran los exconsejeros de Educación Antonio Miranda (Partido Popular), Gloria Rojas y Elena Fernández Treviño (Partido Socialista). También han declarado un director general, un secretario técnico de la Consejería y varios directores escolares. Un librero local, cuyo presupuesto fue rechazado en 2018 pese a ser más económico, asegura haber recibido indicaciones informales sobre un "8% para el colegio" como condición implícita para obtener la licitación.
Antonio Miranda, exconsejero del Partido Popular, reconoció ante el juez que existía un acuerdo informal entre los centros educativos y las librerías para recibir material escolar como beneficio adicional. Por su parte, Fernández Treviño, exconsejera socialista, defendió que el programa había funcionado durante más de dos décadas y que las irregularidades señaladas eran puntuales. No obstante, admitió que en 2022 se modificó el procedimiento administrativo para evitar problemas con la Intervención General del Estado.
A raíz de la denuncia, el procedimiento pasó de ser una convocatoria de subvenciones gestionada por los directores escolares a un proceso de licitación directa por parte de la Ciudad Autónoma. Este cambio eliminó la intermediación de los centros educativos en la gestión de los fondos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y control.
El caso, que cuenta con el partido político Podemos como acusación popular, sigue en fase de instrucción. Entre las cuestiones pendientes, el juez investiga por qué los centros educativos seleccionaban de manera recurrente presupuestos de empresas vinculadas y cómo se justificaban los beneficios adicionales en material escolar ofrecidos por las librerías.
