El Gobierno de Melilla ha solicitado a la Delegación del Gobierno que asuma su responsabilidad y acoja a las 11 personas que se encuentran acampadas a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), tras haber sido trasladadas a un hotel la noche del jueves por motivos humanitarios. La medida de ofrecerles un alojamiento temporal se tomó debido a la intensa tormenta que azotó la ciudad, aunque las autoridades locales recalcan que esta solución no puede ser definitiva.
La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed (PP), explicó que la decisión de llevar a los migrantes a un hotel se tomó porque las personas estaban expuestas a las inclemencias del tiempo, resguardadas únicamente en tiendas de campaña. "La Delegación del Gobierno no daba ninguna señal de respuesta, y decidimos actuar ante la situación de emergencia", indicó Mohamed.
Sin embargo, la consejera subrayó que, aunque el Gobierno de Melilla actuó por razones humanitarias, no tiene competencias para ofrecerles más que una solución temporal. Los migrantes, por lo tanto, regresaron a sus tiendas de campaña, esperando una respuesta de la Delegación del Gobierno para ser admitidos en el CETI.
Mohamed mostró su desconcierto ante la falta de acción de la Delegación del Gobierno, destacando que las instalaciones del CETI cuentan con capacidad para albergar hasta 500 personas. "No entendemos por qué, si hay espacio disponible, se permite que 11 personas duerman a las puertas del centro", señaló la consejera.
Además, hizo un llamado a la Delegación del Gobierno para que habilite otras instalaciones o firme un convenio con alguna entidad que pueda ofrecerles un alojamiento adecuado. "No es nuestra competencia, pero la Delegación del Gobierno debe dar una solución inmediata. Hay once personas en una situación muy vulnerable y no podemos quedarnos de brazos cruzados", insistió.
Randa Mohamed concluyó la rueda de prensa exigiendo una intervención urgente por parte de las autoridades competentes, reiterando que la situación no puede prolongarse y que las autoridades nacionales deben actuar para garantizar el bienestar de los migrantes.
